Nacional

Calderón y Peña a La Haya, propuesta que AMLO no quiso oír

Rogelio Hernández López

Los citaron desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional ese martes 12 de marzo. Estuvieron confiados en que verían al presidente, como se pactó semanas antes. Salieron al mediodía sin esconder su desconcierto.

Se prepararon durante semanas. Pocas veces se juntan para un encuentro así esos tres importantes de Reporteros sin Fronteras (RsF), la organización de origen francés.

Christophe Deloire voló directamente de la Haya en los Países Bajos; Emmanuel Colombié se movió desde Chile, Balbina Flores fue la gestora como corresponsal en México. Les reforzaba Sara Mendiola de Propuesta Cívica.

Los cuatro y su traductora esperaron confiados durante horas. Intercambiaron datos y maduraron más la petición y la propuesta que harían;  portaban copia del expediente de casi 400 páginas que RsF entregó formalmente un día antes en La Haya.

Querían pedirle al Presidente de México reconocer que la seguridad de los periodistas mexicanos está en situación de emergencia y que, eso requiere un plan urgente; también le propondrían que como Jefe de Estado y de Gobierno reforzara esa comunicación que inicia procedimiento de juicio,  en La Haya (equivalente a demanda de acción penal) para que la Corte Penal Internacional (CPI) tenga más elementos para intervenir en México.

El procedimiento que iniciaron en la CPI fue documentado por analistas de Propuesta Cívica. Se basa en el artículo 7 del Estatuto de Roma para que juzgue delitos por lesa humanidad cometidos intencionalmente contra una población específica de un país.

En este caso por existir “pasividad, indolencia, omisión de autoridades ante 116 crímenes cometidos entre 2006 y 2018 contra un grupo social o población específica, como son los periodistas “debido a su labor informativa” (102 asesinatos y 14 desapariciones) y por la posible complicidad con la delincuencia organizada en cinco casos de Veracruz, también documentados.

Christophe Deloire, sabe bien que el Tribunal de La haya sentó precedentes al enjuiciar crímenes de ese tipo con apoyo de tres jefes de Estado en África.

Para el caso de México, las víctimas de crimen generalizado son las y los periodistas y, los responsables del Estado que no actuaron “por pasividad” son los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Les interesaba que el actual presidente reforzara el informe-comunicación y agrandará las posibilidades de enjuiciamiento a los dos expresidentes más recientes. “Así ayudaríamos contra la impunidad”, se repetían.

Esperaron y esperaron que se cumpliera el compromiso pactado. Pero sin justificación alguna, les suspendieron tal reunión. A cambio les ofrecieron reunirse con un subsecretario.

Andrés Manuel López Obrador sí continuó con su agenda del día y recibió al Presidente de El Salvador y se encontró con un nutrido grupo del Comité Judío Americano. La persistencia de crímenes y violencia contra periodistas en cuatro meses de su gobierno pueden seguir haciendo fila en la agenda presidencial. No quiso oírlos.

Encinas les dio exclusivas

Así, notoriamente molestos se fueron a Cencos para, ellos sí,  cumplir el compromiso previo de informar a periodistas de la reunión (que no se hizo) con el presidente. Este diálogo fue con reporteros, representantes del Comité de Periodistas de New York, organizaciones de periodistas, corresponsales extranjeros y se trasmitió en vivo por redes sociales

Informaron que el Subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas les anticipó planes de protección a periodistas, datos que hasta ese momento no eran públicos. Les dijo que:

– Se decidió hacer una auditoría de gestión al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas para reestructurarlo con el acompañamiento de la ONU.

– Se hará otro proceso de capacitación para todo el personal que quede en el mecanismo (el personal actual ya ha tomado alrededor de 5 cursos y aun así su efectividad es muy baja, comenta este reportero).

– Ese mecanismo dejará de contratar empresas privadas para la protección de las dos poblaciones (se tienen convenios para instalar y mantener refugios seguros, para instalación de tecnologías y adquisición de equipos, para reacción rápida y hasta para custodias, agrega este reportero).

– Se han incorporado solamente 15 nuevos casos de periodistas para protección del mecanismo en el actual gobierno, porque se detectó que persiste la desconfianza de los comunicadores.

– Se crea una nueva fiscalía especial con atención más amplia para derechos humanos y por tanto desparece la actual Feadle (que tiene un record de efectividad de menos uno por ciento de esclarecimientos y juicios por asesinatos, añado).

– Se tienen dispuestos recursos suficientes (no les dijeron cantidades) tanto para el Mecanismo reestructurado como para la nueva fiscalía especial.

Al terminar la conferencia de prensa se les preguntó si les había ofrecido otra fecha para el encuentro con el presidente López Obrador.

Christophe Deloire respondió “No nos dijeron nada. Yo espero que se haga. A eso venimos. Queremos ayudar contra la impunidad”.

Los directivos de RsF y de Propuesta Cívica se despidieron de las y los periodistas con los mismos gestos adustos con los que salieron del Palacio Nacional.

Se enteraron, un día después, que en su conferencia mañanera López Obrador informó de la cancelación de la consulta popular que se haría el 21 de marzo para enjuiciar a ex presidentes de México, entre ellos Calderón y Peña Nieto.

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